México enfrenta una severa crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y por la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada y la tortura, entre otros tipos de violaciones que ocurren en un marco de prácticamente absoluta impunidad. La ausencia de responsabilidad individual penal y del castigo correspondiente para los perpetradores establece y fortalece un contexto institucional en el que el delito y las violaciones a los derechos humanos se reproducen sin ningún tipo de contrapeso, incentivando su repetición sistemática. Mediante el análisis detallado de una serie de casos, este informe ofrece evidencia que muestra que la impunidad en materia de violación a los derechos humanos suele ser resultado de una serie de acciones realizadas con el fin explícito de garantizar que no haya castigo o sanción para los responsables, lo que en este trabajo de investigación orientada a la incidencia se presenta como “impunidad activa”. Asimismo, identifica distintos mecanismos concretos mediante los cuales esta impunidad se produce. La constatación de la impunidad no accidental o instrumental–estratégica lleva a los autores de este informe a argumentar a favor del establecimiento en México de algún esquema de supervisión internacional de la justicia, que contribuya a romper el ciclo de la impunidad en el país. Para ello, se revisa con detalle un conjunto de experiencias de este tipo, puestas en práctica recientemente tanto en México como en otros países de América Latina, retomando de ellas lecciones y buenas prácticas. Para concluir, se hace un recuento de sus principales argumentos y plantea recomendaciones concretas, encaminadas a la instrumentación en el país de un mecanismo internacional de supervisión de la justicia.